7. El Gobierno abierto. Especial referencia a la transparencia y el acceso a la información pública, a la participación en la rendición de cuentas y al buen gobierno. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. Protección de datos de carácter personal.

Gobierno Abierto: Transparencia, Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana

El Gobierno Abierto es un modelo de gobernanza que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Este enfoque tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la confianza en las instituciones públicas, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a la información y puedan participar activamente en el proceso de formulación de políticas y legislación.

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Uno de los principios fundamentales del gobierno abierto es la transparencia. Este concepto implica que las administraciones públicas deben poner a disposición de los ciudadanos la información que gestionan, de manera accesible y comprensible. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013) establece un marco normativo para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a los documentos y datos de interés público.

El acceso a la información pública está garantizado para cualquier persona, salvo en casos excepcionales establecidos por la ley, como cuando se trata de información que afecta a la seguridad, la intimidad de las personas o los secretos comerciales. La ley prevé plazos y procedimientos claros para solicitar la información, y obliga a los órganos públicos a responder de forma motivada a las solicitudes, garantizando un mecanismo de control y revisión.

Participación en la Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas es otro pilar del gobierno abierto. Consiste en la obligación de los gobernantes de explicar y justificar sus decisiones, así como los recursos y resultados obtenidos. Los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones sobre las políticas públicas y a evaluar su eficacia.

Para facilitar esta rendición de cuentas, se fomenta la participación ciudadana a través de mecanismos como audiencias públicas, consultas previas y la creación de foros de debate. Además, las administraciones deben poner a disposición de los ciudadanos informes detallados sobre su actividad, lo que promueve un entorno de responsabilidad y transparencia.

Participación de los Ciudadanos en el Procedimiento de Elaboración de Normas

La participación ciudadana en la elaboración de normas es un aspecto esencial del gobierno abierto. En este sentido, las administraciones deben crear espacios para que los ciudadanos puedan opinar y presentar propuestas durante el proceso legislativo. A través de las consultas públicas, los ciudadanos pueden aportar sus ideas y preocupaciones, lo que asegura que las leyes y políticas públicas reflejen de manera más adecuada las necesidades de la sociedad.

En la Unión Europea, por ejemplo, el proceso de consulta pública se ha consolidado como una herramienta clave para incorporar las voces de los ciudadanos y las partes interesadas en la elaboración de normativas. La participación en estos procesos garantiza que las políticas públicas sean más inclusivas y equitativas.

Protección de Datos de Carácter Personal

En el marco del gobierno abierto, es crucial la protección de los datos personales. El acceso a la información pública debe realizarse de forma compatible con el derecho a la privacidad de las personas. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (Reglamento General de Protección de Datos o RGPD) son los marcos legales que protegen la privacidad y los datos personales de los ciudadanos.

La ley establece que las administraciones deben tomar medidas para garantizar que los datos personales sean tratados de manera legal, segura y transparente, y que los ciudadanos tengan control sobre cómo se utilizan sus datos. Además, se establece el derecho a la portabilidad de los datos y el derecho a la supresión de los mismos, en el marco de la legislación vigente.

Conclusión

El Gobierno Abierto se fundamenta en principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, buscando mejorar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La posibilidad de acceso a la información pública, la participación en la elaboración de normas y la protección de los datos personales son elementos clave de este modelo. A medida que las administraciones se abren al escrutinio público, se refuerza la democracia y se fomenta un gobierno más eficaz, ético y cercano a los ciudadanos.

FUENTE:

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD):
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf